Artículo 90. Inciso 1: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Esta norma nos reseña que el Estado debe responder en los casos que se presente un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

El régimen aplicable ha variado, pues paso de ser un régimen subjetivo donde se consideraba que el Estado debía responder solo por el hecho que la persona no estaba en el deber jurídico de soportar los daños causados por la detención y que termino con sentencia absolutoria, o preclusión de la investigación, no siendo capaz de desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que tiene siempre el afectado: antes, durante y después de la investigación o juicio de carácter penal. A ser un régimen objetivo donde se debe demostrar la falla en el servicio en que incurrió el Estado, es decir, la ilicitud del proceder del aparato judicial o de sus funcionarios, por lo cual el daño debe ser calificado como antijurídico para que el Estado repare a dicha persona

Se debe probar que el servicio ofrecido por las entidades estatales no funcionó de manera adecuada, lo hicieron de manera tardía o simplemente no se ejecutó. Ahora bien, se debe demostrar que ese hecho u omisión causó un daño y que entre estos dos elementos existió una relación de causalidad.

La ley estatutaria dispone que es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que el error esté contenido en una providencia judicial, ii) que ésta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado haya interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes.

Es preciso anotar que se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho. Esta clase de responsabilidad también se hace extensiva a los errores en que incurran los demás agentes del Estado que, sin pertenecer a la Rama Jurisdiccional, cumplan la función de administrar justicia. El error judicial puede ser de hecho o de derecho, en este último caso por interpretación errónea, falta de aplicación o indebida aplicación de la norma procedente; además, deben quedar incluidas en el concepto de error jurisdiccional las providencias que contraríen el orden constitucional.

Se produce en las actuaciones judiciales –distintas a la expedición de providencias– necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de estas últimas. Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Pueden provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales.